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El investigador Jorge Mantilla, de la Universidad del Rosario, afirmó que los reportes de operativos contra campamentos del ELN en Apure responden a una disputa por economías ilícitas y minerales críticos. Lo dijo en el programa La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga.
Los recientes reportes sobre operativos militares contra campamentos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el estado Apure marcan un punto de inflexión en la seguridad de la frontera colombo-venezolana. Así lo afirmó el investigador de la Universidad del Rosario Jorge Mantilla en la más reciente edición de La Conversa, el programa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por Tal Cual, El Pitazo y Runrunes. Los reportes indican que las acciones incluirían el uso de drones y cooperación de inteligencia extranjera.
Mantilla habló ante un panel integrado por Ronna Rísquez, directora de ARI, y por los directores Víctor Amaya (Tal Cual), César Batiz (El Pitazo) y Luis Blanco (Runrunes). Según el investigador, estos hechos no responden a una política de Estado coherente, sino a una disputa por el control de economías ilícitas y minerales críticos, en medio de un abandono humanitario sistémico.
Mantilla rechazó la idea de una alianza monolítica entre Caracas y la guerrilla. Sostuvo que la relación entre el ELN y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se ha negociado históricamente a nivel de mandos medios y de protectorados regionales como los reportados en Apure y Táchira.
Según el investigador, esos arreglos permitieron al ELN actuar como autoridad de facto en la frontera. Controlaba trochas, cobraba impuestos al contrabando de gasolina, ganado y alimentos, e incluso validaba permisos migratorios tras el cierre de la frontera en 2015. «El ELN ya no es solo un grupo armado con fusiles», advirtió Mantilla, quien añadió que se ha convertido en un intermediador que absorbe capital y se mezcla con el poder comunal, los colectivos y las economías locales.
El investigador señaló que cualquier operación militar busca romper estos equilibrios regionales, a menudo desencadenados por disputas sobre rentas ilícitas.
Mantilla indicó que el interés geopolítico en los recursos de la frontera se ha acentuado. Citó la zona del Alto Orinoco y Atabapo, rica en oro y coltán, como foco de atención. A su juicio, la posibilidad de que los operativos cuenten con el respaldo o la ejecución de drones estadounidenses responde a una estrategia de seguridad energética y control de minerales críticos, un tema que ha ganado peso en las agendas de Washington y Bogotá.
El investigador explicó que el gobierno colombiano de Abelardo de la Espriella, quien ha anunciado operaciones como «Esparta» en Cúcuta, mantiene un silencio estratégico sobre las incursiones en territorio venezolano. Atribuyó esa actitud a la desconfianza institucional y a las tensiones de una supuesta transición política.
Según datos de la Fundación Ideas para la Paz citados en el programa, los ataques convencionales han disminuido, pero el uso de drones explosivos por parte de la guerrilla se ha multiplicado en la frontera, con decenas de ataques reportados en Norte de Santander.
Mantilla advirtió que una eventual retaliación del ELN no se daría en confrontaciones a campo abierto, donde, dijo, la FANB ha mostrado históricamente debilidades operativas. Describió un escenario de guerra urbana, ataques con explosivos de alta tecnología y, sobre todo, mimetización entre la población civil y las estructuras del poder local para protegerse de bombardeos.
Ni el Gobierno venezolano ni el colombiano han confirmado públicamente los operativos, según lo recogido en el programa.




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