



POLÍTICA · Noticia
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó 531 protestas por fallas eléctricas en septiembre, de un total de 1.101. La Asamblea Nacional aplazó por segunda vez el debate final de la reforma de la ley del servicio eléctrico.
Las protestas por los cortes de electricidad se intensifican en Venezuela tras apagones que superan las 10 horas, según informó La Patilla con datos de EFE. Las manifestaciones incluyen barricadas con neumáticos quemados, como las registradas el 3 de noviembre de 2026 en Valencia, según imágenes de Reuters.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, una organización no gubernamental, registró 1.101 protestas en septiembre de 2026. De ese total, 531 estuvieron vinculadas con interrupciones del servicio eléctrico y otros reclamos sobre el sistema.
Hace una semana, Rodríguez afirmó que el alivio a la crisis llegará «pronto» y cuestionó la quema de neumáticos durante las manifestaciones. La oposición y especialistas atribuyen las fallas a casos de corrupción y a la falta de mantenimiento del sistema. El Gobierno chavista, por su parte, responsabiliza a las sanciones, a factores climáticos y a presuntos sabotajes.
El anuncio de Rodríguez ocurrió un día después de que la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, aplazara por segunda vez el debate final sobre la reforma de la ley del servicio eléctrico. La iniciativa busca abrir espacio a la inversión privada en un sector afectado por apagones tras más de una década de crisis.
El diputado chavista Pedro Carreño solicitó la postergación al argumentar que el Parlamento avanzó de «manera fecunda» en el análisis de parte de los más de 20 artículos previstos. La Asamblea prevé retomar el proyecto en una próxima sesión, aunque no fijó fecha.
Según la lectura presentada en una sesión ordinaria, la propuesta regula la prestación del servicio eléctrico en todo el territorio venezolano y los intercambios internacionales de energía a través de las actividades de generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización.
El texto plantea contribuir a garantizar el acceso universal de todas las personas a un servicio eléctrico en condiciones de igualdad, continuidad, regularidad, seguridad y calidad. También busca asegurar la energía requerida para impulsar las actividades socioeconómicas. Entre sus objetivos figura la construcción de un sistema eléctrico nacional con garantías para los derechos de los usuarios.
Queda pendiente que la Asamblea Nacional fije la fecha de la próxima sesión en la que retomará el debate final de la reforma.