La reforma de la Ley contra el Odio fija multas que podrían superar los 10.000 dólares

La propuesta de reforma de la Ley contra el Odio plantea sustituir las penas de entre 10 y 20 años de cárcel por multas calculadas en bolívares que podrían superar los 10.000 dólares, según informó Runrun.es el 3 de noviembre de 2026. El texto también incluye otras sanciones, como trabajos comunitarios y programas educativos.

Según la propuesta, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz será el ente encargado de determinar el monto de cada multa. Para fijarlo tendrá en cuenta la gravedad de la infracción, el alcance, el medio utilizado, la intencionalidad, el beneficio económico obtenido y la reincidencia.

El proyecto señala que el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y las opiniones públicas no serán considerados discursos de odio. Al mismo tiempo, obliga a emisoras de radio, televisoras, plataformas digitales y servicios de televisión por suscripción a difundir contenidos sobre convivencia democrática, paz, tolerancia y respeto a la diversidad.

El cálculo de las multas

La ONG Un Mundo sin Mordaza realizó un cálculo del valor de las sanciones y estimó que podrían resultar «desproporcionadas». Según esa estimación, la multa mínima rondaría los 562 dólares y la máxima, unos 11.249 dólares. Las sanciones oscilan entre 500 y 10.000 veces la tasa de cambio de mayor valor del Banco Central de Venezuela.

Runrun.es recordó que el salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares, monto congelado desde marzo de 2022 y que actualmente equivale a 0,14 centavos de dólar.

Las objeciones de las ONG

Un Mundo sin Mordaza expresó que una reforma legislativa no se mide solo por las penas que elimina, sino también por las garantías que ofrece y los derechos que protege. La organización sostuvo que en Venezuela cualquier cambio legal debe abrir espacios de participación y garantizar que nadie sea perseguido por expresar lo que piensa. Añadió que «la lucha contra el odio no puede convertirse en una herramienta para controlar el discurso».

Días antes, la ONG Acceso a la Justicia opinó que despenalizar la ley no basta, porque sus prohibiciones, multas, bloqueos y demás restricciones seguirían vigentes. Para esa organización, cambiar las sanciones penales por multas «cambian un medio de represión por otro». Acceso a la Justicia mantiene la exigencia de una derogación integral de la ley para garantizar los derechos reconocidos en la Constitución.

Runrun.es publicó la información con una advertencia sobre el entorno en que se ejerce el periodismo en Venezuela, donde, según el medio, existen decenas de instrumentos jurídicos para castigar la palabra, en especial las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». El medio indicó que el contenido se difunde teniendo en cuenta las amenazas y límites impuestos a la divulgación de información desde dentro del país.

La propuesta sigue pendiente de aprobación y, según el texto conocido, corresponderá al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz fijar los montos concretos de las multas.